Consejo General y SATSE impugnan la FP sociosanitaria

El Consejo General de Enfermería (CGE), del que forman parte el CECOVA y los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, y el Sindicato de Enfermería, SATSE, han iniciado el proceso para interponer sendos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula la nueva titulación de Formación Profesional “Supervisión a la Atención sociosanitaria a la persona usuaria”, ya que entienden que pone en grave riesgo la seguridad y salud de las personas mayores en las residencias de todo el Estado.

 

Según SATSE y el CGE, esta nueva FP supone una merma en la calidad de la atención que reciben las 400.000 personas que viven en residencias de mayores y otros centros sociosanitarios pues en realidad se trata de una solución de bajo coste a la falta crónica de profesionales sanitarios cualificados, una salida que compromete el futuro de la atención a una población de edad avanzada y aquejada de dolencias crónicas como es la española.

 

“La impugnación de la norma refleja la incoherencia de que se cree una figura no sanitaria para controlar y tutelar a unos profesionales sanitarios perfectamente cualificados para acometer sus funciones en las residencias. En resumen, se oferta una nueva titulación con capacidad para intervenciones sanitarias como los “cuidados básicos de enfermería” cuando ya existen profesionales sanitarios con un grado universitario que proporcionan esos cuidados que son las enfermeras y enfermeros”, señalan.

 

El Consejo General de Enfermería y SATSE creen que no es necesario que se incorporen nuevas titulaciones sino que se refuercen las plantillas del ámbito sociosanitario y se cuente con los profesionales ya existentes. La falta de enfermeras en las residencias se explica por el déficit crónico de profesionales en nuestro país, un número de enfermeras y enfermeros “a años luz” de países de nuestro nivel socioeconómico, pero también por las precarias e indignas condiciones laborales y salariales que se ofrecen en el ámbito sociosanitario y que desincentivan la contratación de enfermeras.

 

Las dos organizaciones confian en que los tribunales no permitan el desarrollo de esta cualificación profesional que tanto perjudica a los más vulnerables, los mayores, en los centros sociosanitarios desde un principio, y reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que reflexione y que, frente a soluciones improvisadas que solo generan desconcierto y desazon asistencial y profesional, así como a la renuncia de la calidad de la atención, apueste por las enfermeras como referentes en cuidados y por potenciar la figura de la enfermera especialista en Geriatría y Gerontología como coordinadora de esos cuidados en los centros sociosanitarios.