Admitido a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de medidas de ajuste de la Generalitat

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto durante el pasado mes de abril por cincuenta senadores del PSOE contra el Decreto-Ley 1/2012, de 5 de enero del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana publicado en el DOCV de fecha 10/01/2012 por el que se adoptaron medidas lesivas contra los profesionales de enfermería de la Agencia Valenciana de Salud. El CECOVA en representación de los Colegios de Enfermería de Alicante, Valencia y Castellón, y tras aprobarse en las diversas asambleas celebradas de colegiados de Enfermería de la Comunidad Valenciana, remitió durante el pasado mes de marzo varias misivas dirigidas al Defensor del Pueblo y al grupo parlamentario del PSOE donde se solicitaba que interpusieran un recurso de inconstitucionalidad contra el mencionado Decreto-ley con la finalidad de lograr su anulación, siendo el grupo parlamentario del PSOE el único que procedió a presentar el mencionado recurso durante el pasado mes de abril.

El recurso presentado se basa en el argumento jurídico de la vulneración de varios preceptos constitucionales como son el derecho a la no privación de bienes, al trabajo y a una remuneración suficiente, el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva y a la igualdad y no discriminación; también se fundamenta en la no justificación del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad necesario para legislar mediante la fórmula del Decreto-Ley.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso porque entiende que existen indicios de inconstitucionalidad en la norma y por lo tanto va a proceder a dilucidar sobre el fondo del asunto generando expectativas reales de que el citado Decreto-Ley sea anulado.

Desde el CECOVA y los Colegios de Enfermería de la Comunidad Valenciana mostramos nuestra satisfacción por la admisión a trámite del citado recurso y esperamos que el Tribunal Constitucional anule este Decreto-Ley arbitrario que merma de una forma desmedida e injusta los derechos laborales y retributivos de las enfermeras valencianas.