El colectivo sanitario de la Comunitat exige a Sanidad que retire la medida al considerarla “discriminatoria”

Los representantes de los cuatro consejos autonómicos de los colegios profesionales de Enfermería, Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos de las tres provincias de la Comunidad Valenciana se han unido y han hecho llegar una carta a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública con el objetivo de mostrar el malestar de los profesionales sanitarios ante el decreto que regula las guardias de los trabajadores de los centros de Salud Pública de la Comunidad Valenciana al considerarlo “discriminatorio”.
En dicha carta y en nombre de los consejos autonómicos de los cuatro colegios profesionales aparecen las firmas de los representantes de cada uno, como es el caso de Jose Antonio Ávila, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA); Isabel Moya García, presidenta del Consejo del Colegio de Médicos Valencianos; Inmaculada Ibor Martínez, presidenta del Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios y Jaime Giner Martínez, presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos.
En dicho comunicado, los presidentes instan al departamento de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a que “subsane de forma inmediata tal discriminación, y en igualdad de condiciones, regule y establezca un sistema de alertaguardia en la Dirección General de Salut Pública, que respete todos los derechos de los profesionales y a su vez les compense digna y adecuadamente a las importantísimas funciones y a las altas responsabilidades que diariamente soportan”.
Tanto trabajadores como sindicatos de los centros públicos están en contra de este Decreto que regula sus guardias cuando se produce, por ejemplo, una intoxicación alimentaria o un brote de una enfermedad grave como meningitis. Estas guardias se pretenden pagar a 250 euros por estar una semana entera localizados, una cuantía, muy inferior a la de los trabajadores de la propia Conselleria de Sanidad o a lo que se suele abonar en otras autonomías.
Por tanto, los profesionales consideran y así lo exponen en el comunicado “un agravio y un menosprecio al discriminarlos y establecer un sistema de alerta localizada, gravemente perjudicial, tanto en el aspecto concreto del modo de regularlo, como en la retribución que se establece, la cual es claramente discriminatoria con sus compañeros estatutarios, que prestan igualmente sus servicios para la Conselleria de Sanidad”.
Aun así, los profesionales de los colegios “alabamos la intención de la Administración en el aspecto de reglamentar, legislar un servicio que de facto prestan dichos colegios adscritos al área de Salut Pública, pero que no es óbice para que se promueva una real equiparación al análogo servicio que en Sanitat, prestan iguales profesionales”.