Representantes de los colegios de enfermeras, farmacéuticos, médicos y veterinarios de toda la Comunidad Valenciana han mantenido una reunión con el subsecretario de Sanidad, Juan Ángel Poyatos, y con la directora general de Salud Pública, Ana Mª García, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para abordar la situación planteada por el polémico borrador de Decreto de Alertas en Salud Pública.
Durante el citado encuentro, desde la Conselleria se calificó “de histórica” y de “muy positiva” la reunión, por cuanto había logrado concitar por primera vez a todos los representantes colegiales de los profesionales vinculados con la Salud Pública y hacerlo en torno a una mesa con la propia Conselleria. De ahí, la sorpresa del colectivo sanitario tras comprobar en el DOGV del pasado 6 de febrero que, lejos de paralizarse y de someterse a revisión, este polémico borrador de decreto se ha comenzado a tramitar. Desde la alianza de colegios forjada para oponerse a tal norma se reconoce ahora su “indignación” por el paso dado y ya han comenzado a prepararse alegaciones e incluso no se descarta un posible recurso judicial.
El futuro decreto, que regula cómo deben movilizarse y organizarse los empleados de los centros de salud pública en caso de una emergencia, establece unas remuneraciones para las guardias localizadas (aquellas que, pese a no ser presenciales, obligan al profesional a estar disponible y a encontrarse en un radio determinado), de 250 euros brutos por semana. Esta cifra -que supone el pago de alrededor de 1 euro por hora- es casi 10 veces menor que la propuesta que realizó en 2006 el Ejecutivo autonómico. Los presidentes de estos cuatro consejos colegiales coinciden al reseñar que “trece años después, resulta curioso que la remuneración -lejos de actualizarse- se rebaje hasta llegar a lo ridículo y más aún que esta propuesta proceda de un equipo de gobierno que habitualmente considera que las actuaciones llevadas a cabo en aquella época precarizaban y debilitaban el sistema y a los profesionales de salud pública”.
El borrador, más allá de las condiciones económicas propuestas, tiene además otras carencias evidentes. Por ejemplo, las horas dedicadas a tales guardias localizadas no computan como tiempo trabajado, ni siquiera a efectos de descanso; se aboca al personal a atender alertas, en ocasiones, en áreas de trabajo ajenas a su zona habitual y por tanto desconocidas; no cubre toda la casuística de los eventos que requieren de una actuación urgente; tampoco aporta suficientes garantías para disponer de un equipo multidisciplinar cuando éste se requiera, etc.,